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Un camino lleno de incógnitas o de corrupción

Esta es la tercera entrega de la “vida impoluta” de Meade, la ascendencia familiar de tan “digno” personaje, José Antonio Meade Kuribreña, hijo de la impunidad.

El uso de recursos públicos para la realización de sus estudios como abogado de la UNAM y su maestría en Yale, Inicia su “carrera” en la administración pública a nuestras costillas.

Pero siendo Secretario Adjunto, fue aprobada la Ley del IPAB y entonces (ante la “emergencia” le fueron asignadas funciones discrecionales para la cancelación de pasivos del Fobaproa y la transferencia como deuda pública al instituto, desde ahí sus “negociaciones” con las cabezas de las instituciones financieras nacionales, especialmente con las más emproblemadas durante el crack del 95-97 fueron muy discrecionales, beneficiando siempre a las que “aportaban” más al crecimiento nacional (o a las que prometían aportar más), a las que aportaban más “crédito” para actividades productivas (o decían que lo harían) pero sobre todo a las que “apoyaban” ciertas campañas políticas.

Para “apoyar” a las instituciones de banca múltiple, el IPAB tomaba recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que estaba entonces amparado en la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (DOF 22/07/94) y que fue “acomodada” a conveniencia de este mecanismo con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro de mayo de 1996.

Como dato absolutamente comprobado, puedo indicar que Jorge Lankenau Rocha (Banca Confía), en 1995, de manera previa al quebranto bancario y al surgimiento de Fobaproa entregó a la campaña por la gubernatura gunajuatense de Vicente Fox casi 100 millones de pesos; que en ese año entregó 72 millones más a Mauricio Fernández Garza (Senador de la República y ex Presidente del CDE del PAN en Nuevo León) y que esos recursos nunca fueron sustraídos de la “panza” del IPAB a cambio de una “ayudadita” a la campaña de Fox en el 2000.

El señor Meade Kuribreña (o Kuri Breña) realizó la tesis de licenciatura en el ITAM “El seguro de vida en México: El impacto de la seguridad social y el tratamiento fiscal sobre los planes de pensiones privados” en la que ya esbozaba un tratamiento “preferenciado” para el manejo de las cuentas del ahorro para el retiro (que en 1993 era un mecanismo voluntario) y aplicó su teoría para hacer “producir” las cuentas de ahorro para el retiro (SAR) que había sido impuesto en 1997 por la “honorable” Cámara de Diputados.

Su tesis en el doctorado de Yale es “The Economics of Sentencing Guidelines: Evidence of Federal Fraud Offenders” que en una traducción rápida sería algo así como Lineamientos para el tratamiento de de los recursos económicos de los sentenciados por fraude.

En 1997, Carlos Flores Alcocer que se desempeñaba como Asesor de Planeación del gobierno guanajuatense de Vicente Fox, le planteó a Meade (entonces en el IPAB) que propusiera a la autoridad hacendaria, que los recursos destinados por el Ramo federal 33 (destinados al desarrollo rural del estado de Guanajuato) fuesen concentrados a través de una cuenta concentradora (que manejaría una institución local).

A cambio propuso que el estado establecería cuentas (subcuentas) para cada municipio en las instituciones bancarias con mayores problemas (adeudos incobrables de Fobaproa y canalizados a IPAP), así se acuerda la creación de un órgano estatal en Guanajuato (alegando mecanismos de transparencia en el gasto público federal) denominado Coordinación General para el Desarrollo Regional (CODEREG), que canalizó los recursos a un Fideicomiso establecido en Banco Internacional (Bital), para de ahí ser trasladados a los municipios guanajuatenses en cuentas de diversas instituciones bancarias que requerían liquidez.

Por cierto, CODEREG sirvió como un ejercicio de lavado de dinero por parte de la autoridad local vía la posibilidad de introducir ahí recursos privados (ilegales) y después canalizarlos a las autoridades municipales, que lo regresaban a sus dueños originarios, bajo “contratos” simulados de acciones inexistentes o no realizadas.

Sólo como dato para el anecdotario, en 2003 Flores Alcocer fue nombrado Embajador de México ante OCDE y en unos meses mostró el tamaño de su “ambición” siendo inhabilitado en enero de 2004, tras la “adquisición” de enseres e inmuebles de manera “irregular.

Así pues, desde 1997 José Antonio Meade Kuribreña, estuvo al tanto (cuando menos) de un complejo sistema de lavado de recursos provenientes de actividades ilegales (no sólo, ni necesariamente del narcotráfico), siendo una vía de canalización de “excedentes” o cuotas de comisión (que en ocasiones legaban al 25%) a campañas políticas, es a través de ese mecanismo que se “financia” al PCD de Manuel Camacho Solís, Marcelo Ebrad y Manuel Aguilera.

El acercamiento político con Elba Esther Gordillo Morales, entonces promotora de Manuel Camacho Solís, propició esas actividades a favor del PCD.

Nuevamente y sólo como dato complementario señalo que Grupo Gutsa y los hermanos Gutiérrez Cortina (favoritos del régimen salinista y según se sabe también cercanos a la candidatura de Camacho Solís) fueron muy “beneficiados” por las “recuperaciones” de Fobaproa.

Ya probada esa estructura financiera capaz de convertir el dinero malo en bueno, del 2000 al 2002 se desempeñó como Director General de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Flores Alcocer entonces Coordinador de Asesores de Planeación Estratégica y Desarrollo Regional de Fox, decidieron realizar una serie de “acuerdos” con las “direcciones” de las instituciones de banca múltiple:


  • a la entrada en vigor del artículo quinto transitorio de la reforma al artículo 115, referente a la bancarización de los municipios (2002), se canalizarían recursos extraordinarios a ellas para propiciar una rápida recuperación y saneamiento financiero;
  • gestionar la bancarización de una mayor proporción de la población, al hacer ley el pago a través de cuentas bancarias los apoyos institucionales;
  • generar mecanismos de apoyo regional que permitieran a las instituciones bancarias colocar recursos (créditos) a tasas competitivas; y
  • formalizar “el no aviso de reportes de operaciones inusuales” cuando se tratase de cuentas oficiales.
La estructura legal, para propiciar estas actividades, siempre estuvo propuesta y apoyada por las fracciones parlamentarias de PRI y PAN; y, se realizaron con antelación a las negociaciones oficiales al respecto.

Parte de la “estrategia” hacendaria para “facilitar” esta operación fue una propuesta de bancarizar a los municipios del país para que según la “aprobación” el artículo quinto transitorio de la reforma al artículo 115 constitucional del 23 de diciembre de 1999 (cuando su “venerado” padre era “asesor” de la Cámara de Diputados): "Antes del inicio del ejercicio fiscal de 2002, las legislaturas de los estados, en coordinación con los municipios respectivos, adoptaran las medidas conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad” y como “agregado” prometió a las instituciones bancarias al diablo con sus instituciones, una iniciativa de ley para bancarizar a la población mexicana a través de los programas sociales.

Algunos analistas financieros consideran que la autoridad ofreció hacerse de la “vista gorda” ante la operación bancaria irregular al permitir que las cuentas oficiales (federales, estatales y municipales) tuvieran abruptos cambios, recibieran acreditaciones (incluso privadas) y regresaran el dinero a sus “legítimos” dueños, mediante el mismo mecanismo de “contratos” simulados y “adquisiciones fantasma”, con lo cual beneficiaba (principalmente) a grandes inversionistas de servicios y a algunos pequeños “inversionistas” de actividades ilegales.

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