Esta es la tercera entrega
de la “vida impoluta” de Meade,
la ascendencia familiar de tan “digno” personaje, José Antonio Meade Kuribreña, hijo de la impunidad.
El uso de recursos públicos
para la realización de sus estudios como abogado de la UNAM y su maestría en
Yale, Inicia su “carrera” en la administración pública a nuestras costillas.
Pero siendo Secretario
Adjunto, fue aprobada la Ley del IPAB y entonces (ante la “emergencia” le fueron
asignadas funciones discrecionales para la cancelación de pasivos del Fobaproa
y la transferencia como deuda pública al instituto, desde ahí sus “negociaciones”
con las cabezas de las instituciones financieras nacionales, especialmente con
las más emproblemadas durante el crack del 95-97 fueron muy discrecionales,
beneficiando siempre a las que “aportaban” más al crecimiento
nacional (o a las que prometían aportar más), a las que aportaban más “crédito”
para actividades productivas (o decían que lo harían) pero sobre todo a las que
“apoyaban”
ciertas campañas políticas.
Para “apoyar” a las instituciones
de banca múltiple, el IPAB tomaba recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro
(SAR) que estaba entonces amparado en la Ley para la Coordinación de los
Sistemas de Ahorro para el Retiro (DOF 22/07/94) y que fue “acomodada”
a conveniencia de este mecanismo con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el
Retiro de mayo de 1996.
Como dato absolutamente comprobado, puedo indicar
que Jorge Lankenau Rocha (Banca
Confía), en 1995, de manera previa al quebranto bancario y al surgimiento de
Fobaproa entregó a la campaña por la gubernatura gunajuatense de Vicente Fox casi 100 millones de pesos;
que en ese año entregó 72 millones más a Mauricio
Fernández Garza (Senador de la República y ex Presidente
del CDE del PAN en Nuevo León) y que esos recursos nunca fueron sustraídos de
la “panza”
del IPAB a cambio de una “ayudadita” a la campaña de Fox en el
2000.
El
señor Meade Kuribreña (o Kuri Breña) realizó la tesis de licenciatura en el
ITAM “El seguro de vida en México: El
impacto de la seguridad social y el tratamiento fiscal sobre los planes de
pensiones privados” en la que ya esbozaba un tratamiento “preferenciado”
para el manejo de las cuentas del ahorro para el retiro (que en 1993 era un mecanismo
voluntario) y aplicó su teoría para hacer “producir” las cuentas de ahorro para
el retiro (SAR) que había sido impuesto en 1997 por la “honorable” Cámara de
Diputados.
Su
tesis en el doctorado de Yale es “The
Economics of Sentencing Guidelines: Evidence of Federal Fraud Offenders” que en una traducción rápida sería algo así como
Lineamientos para el tratamiento de de los recursos económicos de los
sentenciados por fraude.
En 1997, Carlos Flores Alcocer que se
desempeñaba como Asesor de Planeación del gobierno guanajuatense de Vicente Fox, le planteó a Meade (entonces en el IPAB) que
propusiera a la autoridad hacendaria, que los recursos destinados por el Ramo
federal 33 (destinados al desarrollo rural del estado de Guanajuato) fuesen
concentrados a través de una cuenta concentradora (que manejaría una institución
local).
A cambio propuso que el
estado establecería cuentas (subcuentas) para cada municipio en las
instituciones bancarias con mayores problemas (adeudos incobrables de Fobaproa
y canalizados a IPAP), así se acuerda la creación de un órgano estatal en
Guanajuato (alegando mecanismos de transparencia en el gasto público federal)
denominado Coordinación General para el Desarrollo Regional (CODEREG), que canalizó
los recursos a un Fideicomiso establecido en Banco Internacional (Bital), para
de ahí ser trasladados a los municipios guanajuatenses en cuentas de diversas
instituciones bancarias que requerían liquidez.
Por cierto, CODEREG sirvió como
un ejercicio de lavado de dinero por parte de la autoridad local vía la
posibilidad de introducir ahí recursos privados (ilegales) y después
canalizarlos a las autoridades municipales, que lo regresaban a sus dueños
originarios, bajo “contratos” simulados de acciones inexistentes o no realizadas.
Sólo
como dato para el anecdotario, en 2003 Flores
Alcocer fue nombrado Embajador de México ante OCDE y en unos meses mostró
el tamaño de su “ambición” siendo inhabilitado en enero de 2004, tras la “adquisición”
de enseres e inmuebles de manera “irregular”.
Así
pues, desde 1997 José Antonio Meade
Kuribreña, estuvo al tanto (cuando menos) de un complejo sistema de lavado
de recursos provenientes de actividades ilegales (no sólo, ni necesariamente
del narcotráfico), siendo una vía de canalización de “excedentes” o cuotas de
comisión (que en ocasiones legaban al 25%) a campañas políticas, es a través de
ese mecanismo que se “financia” al PCD de Manuel Camacho Solís, Marcelo Ebrad
y Manuel Aguilera.
El acercamiento político con Elba Esther Gordillo Morales, entonces promotora de Manuel Camacho Solís, propició esas
actividades a favor del PCD.
Nuevamente y sólo como dato complementario señalo
que Grupo Gutsa y los hermanos Gutiérrez Cortina (favoritos del
régimen salinista y según se sabe también cercanos a la candidatura de Camacho Solís) fueron muy “beneficiados”
por las “recuperaciones” de Fobaproa.
Ya probada esa estructura
financiera capaz de convertir el dinero malo en bueno, del 2000 al 2002 se
desempeñó como Director General de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público y Flores Alcocer
entonces Coordinador de Asesores de Planeación Estratégica y Desarrollo
Regional de Fox, decidieron realizar
una serie de “acuerdos” con las “direcciones” de las instituciones de
banca múltiple:
- a la entrada en vigor del artículo quinto transitorio de la reforma al artículo 115, referente a la bancarización de los municipios (2002), se canalizarían recursos extraordinarios a ellas para propiciar una rápida recuperación y saneamiento financiero;
- gestionar la bancarización de una mayor proporción de la población, al hacer ley el pago a través de cuentas bancarias los apoyos institucionales;
- generar mecanismos de apoyo regional que permitieran a las instituciones bancarias colocar recursos (créditos) a tasas competitivas; y
- formalizar “el no aviso de reportes de operaciones inusuales” cuando se tratase de cuentas oficiales.
La estructura legal, para propiciar estas
actividades, siempre estuvo propuesta y apoyada por las fracciones
parlamentarias de PRI y PAN; y, se realizaron con antelación a las
negociaciones oficiales al respecto.
Parte de la “estrategia” hacendaria para “facilitar”
esta operación fue una propuesta de bancarizar a los municipios del país para
que según la “aprobación” el artículo quinto transitorio de la reforma al
artículo 115 constitucional del 23 de diciembre de 1999 (cuando su “venerado”
padre era “asesor” de la Cámara de Diputados): "Antes del inicio del ejercicio
fiscal de 2002, las legislaturas de los estados, en coordinación con los
municipios respectivos, adoptaran las medidas conducentes a fin de que los
valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores
de mercado de dicha propiedad” y como “agregado” prometió a las
instituciones bancarias “al diablo con sus instituciones”, una iniciativa de ley para bancarizar a la
población mexicana a través de los programas sociales.
Algunos analistas
financieros consideran que la autoridad ofreció hacerse de la “vista
gorda” ante la operación bancaria irregular al permitir que las cuentas
oficiales (federales, estatales y municipales) tuvieran abruptos cambios, recibieran
acreditaciones (incluso privadas) y regresaran el dinero a sus “legítimos”
dueños, mediante el mismo mecanismo de “contratos” simulados y “adquisiciones
fantasma”, con lo cual beneficiaba (principalmente) a grandes
inversionistas de servicios y a algunos pequeños “inversionistas” de
actividades ilegales.
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