“Son sólo versiones infundadas de personas
mal informadas o mal intencionadas que pretenden generar efervescencia social”
espetó casi escupiendo el micrófono de una “muy distinguida y querida
periodista” de Televisa, en un espacio radiofónico al que legó gracias a que
“el dueño de los medios nacionales” pidió que quitaran a Pedro Ferriz, hace sólo unos días José Antonio González Anaya (que le pagamos, muy bien, como
Director General del IMSS)
Pues
hace unos días se me ocurrió buscar en el Portal de Obligaciones de
Transparencia del Gobierno Federal y me encontré esto:
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Es
un contrato de “prestación de servicios
en la modalidad de asociación publico
privada para la demolición, diseño y construcción, equipamiento,
mantenimiento y prestación de servicios complementarios a los servicios de
atención medica que presta el ISSSTE a sus derechohabientes en un inmueble de
su propiedad ubicado en la colonia Tlatelolco, en la ciudad de México, Distrito
Federal” por un monto de poco más de 8 mil millones de pesos.
La lectura del “objeto de contrato” me hizo dudar, pues
en Tlatelolco no hay propiedad privada (los edificios de departamentos es propiedad condominal los otros edificios son PÚBLICOS), por lo que quiero entender que en lugar de “SU
PROPIEDAD” debe decir “PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN”
En la búsqueda de información de: PREITON, S.A.P.I. DE
C.V., TRADECO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. Y (así) INDUSTRIAL IGSA, S.A. DE
C.V. (Razón Social de la Persona Moral a que se asignó el contrato) me entero
que Industrial IGSA es parte de HIGA (la constructora predilecta del régimen,
la que construyó la casita de la señora Angélica
Rivera, que prometió vender y parece que sólo prometió hacerlo, pues
prometer no cuesta nada)
Pero al margen de ese “detallito” y dadas las
aseveraciones del señor González Anaya,
sólo como pregunta: ¿entregar por un lapso de 25 años un inmueble público a
tres empresas privadas (consorcio) para la: “prestación de servicios complementarios a los servicios de atención
medica que presta el ISSSTE a sus derechohabientes” no es una
privatización?
Otra situación que me llama la atención es que esa
empresa además cuenta con un muy abultado expediente ante la Secretaría de la
Contraloría y de la Función Pública, ante diversas instancias de contraloría
local e incluso en el ámbito jurisdiccional; sin que esté inhabilitada, pero si
MUY cuestionada.
La “empresa” en cuestión, dirigida por Santiago Paredes Ojeda (hijo del fundador
Santiago Paredes Tirado) hace ya
planes para entrar al sector de generación de energía eléctrica tras las “reformas
estructurales” en el sector energético, pero desde 2007 ha realizado
diversas “asociaciones” para concursar obra pública en el estado de
México, siendo gobernador de esa entidad federativa Enrique Peña Nieto, fue entregado (por adjudicación directa) al
consorcio Tella-IGSA un contrato PPS (asociación público privada) para la
construcción del Hospital de Alta Especialidad en Zumpango, por un monto de más
de 7 mil millones de pesos; Tella, SA de CV, es propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa.
Según mis fuentes la relación de Hinojosa, es con Alfredo del
Mazo González y la de Paredes Tirado,
con Arturo Montiel Rojas y que los
terrenos en que se encuentra la planta de ensamble de IGSA en Lerma, pero el
dato no lo pude conformar.
Pero mi mayor alarma fue cuando revisé la página web de TRADECO
INFRAESTRUCTURA, que me dice que entre otras cosas (además de hospitales, carreteras
e instalaciones petroleras) ha construido el Centro de Entrenamiento de Vuelo
(supongo que en la base aérea militar de Santa Lucía) obra
que nos costó 3.6 mil millones de pesos y fue adjudicada de manera directa a
esa empresa, mediante un contrato de junio de 2012 y dos acuerdos
modificatorios de noviembre de 2013 y agosto de 2014.
Los cuarteles del Altiplano y de Culiacán, las estaciones
de la Policía Federal en Culiacán y Mazatlán; en
conjunto nos costaron más de 130 millones de pesos, todas adjudicadas de
manera directa.
Además es la constructora del edificio
de Plataforma México, que nos costó más de 550 millones de pesos a través
de seis contratos y siete convenios modificatorios, todos también por
adjudicación directa.
TRADECO INFRAESTRUCTURA, además de los miles de millones
de pesos que ha recibido por las obras realizadas para 14 dependencias y
organismos del sector público federal, tiene planos y conoce instalaciones estratégicas
del Estado mexicano, gracias a los muy generosos “gobiernos” panistas de Fox y Calderón.
Adentrándonos en la historia, esta empresa es propiedad
de Federico Alberto Martínez Urmeneta,
que es hijo de Federico Alberto Martínez
Salas, que era un “empleado” medio de ICA hasta 2001 en
que Pemex Exploración y Producción lo nombra subdirector de Ingeniería y Obras
Estratégicas, para en 2007 pasar a ser director Corporativo de Ingeniería y
Desarrollo de Proyectos, en ese último periodo Tradeco recibió más de 40
contratos y realizó una cantidad similar de “acuerdos modificatorios”
por unos 40 mil millones de pesos.
Desde la llegada de los priistas a la administración
pública Tradeco fue relegada en cuanto a la adjudicación de jugosos contratos,
incluso durante 2013 sólo tuvo “acuerdos modificatorios” de los
contratos que arrastraba, y algunas “adjudicaciones directas” con montos irrisorios
comparados con la de Tlatelolco, en el ISSSTE en noviembre de 2013 le asignaron
dos por 2.2 millones de pesos, así resulta cuando menos sospechosa asignación.
Pues bien, la privatización de los servicios de salud y
otras áreas estratégicas del desarrollo nacional iniciaron desde finales del
siglo pasado con contratos de Asociación Pública Privada, pero se legalizó a
partir de agosto de 2012 en que (ya como parte de los acuerdos de las
administraciones, negociaciones del “pacto por México” se expide la Ley de
Asociaciones Público Privadas y se hacen modificaciones diversas a la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público, a la Ley de Expropiación y a la Ley General de Bienes
Nacionales.
Desde entonces la participación privada en la
construcción de infraestructura pública está legalizada, es parte de la “normalidad”
Por otra parte, la integración de los servicios de salud
nacionales, la creación de una sola institución que controle TODOS los servicios
médicos es un proyecto que viene desde la administración de José López
Portillo, pero las instituciones obedecen a ministerio de ley, están creadas
por decreto legislativo y sólo pueden desaparecer, cambiar o reformarse por la
misma vía.
Para poder hacerlo, hay que crear el nuevo instituto que
las regirá y eso tarda unos años (muchos años) en nuestro sistema legislativo.
Lo que en realidad pasa es que para que el constructor
preferido del régimen Juan Armando
Hinojosa, pueda lucrar (para recuperar la “inversión” de la Casa
Blanca) debió aliarse con el constructor predilecto del viejo régimen Federico Alberto Martínez Urmeneta para
participar en el “jugoso” negocio de la salud pública de los mexicanos, para ser “beneficiario”
de un contrato por 25 años para “administrar” una instalación hospitalaria
pública.
No están vendiendo los servicios públicos de salud, a ninguna
empresa le interesa adquirirlos, están haciendo negocio con ella a costa de
todos los mexicanos.
SALUD
Te recomiendo:
En tlatelolco , junto a la zona prehispánica estaba una vocacional del poli, luis Echeverría Álvarez la transformo en clínica del imss, sin autorizacion del inah fue demolida dicha clinica
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