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Las tormentas que vienen (quinta parte) de "normalidad" democrática e instituciones electorales



No hace mucho tiempo, es más apenas hace 25 años, este México realizaba elecciones organizadas por el gobierno, vigiladas por el gobierno, contadas por el gobierno y calificadas por los elegidos en las elecciones; hace un cuarto de siglo en unas elecciones locales, por ejemplo las de Yucatán de noviembre de 1987, con 106 municipios, en la que el PRI inscribió 106 planillas, el PAN, 29; el PST, 11; el PMS, ocho; el PARM, siete; el PPS, seis, y el PDM solamente una; en el mejor de los casos el PRI tenía contendiente en unos 30 municipios (menos de una tercera parte del total)

Ahí había entonces 15 distritos electorales y en todos hubo candidatos de seis partidos; sólo el PRT no registró candidatos más que para tres distritos.
Las candidaturas a la gubernatura fueron Víctor Manzanilla Schaffer por el PRI; Roger Cicero Mackinney, del PAN; Juan Campos Vega, del PPS; Vicente Contreras May, del PST; y Roger Aguilar Salazar, por el PMS.
Entonces más del 80% del tiempo de radio, de la escasa TV local y del espacio periodístico; lo ocupó la candidatura de Manzanilla Schaffer; el restante 20 por ciento fue destinado a dar cuenta de las otras 265 candidaturas.

En la elección de gobernador, votaron 327 942 de los 591 463 yucatecos empadronados (55.4%) de ellos más de 280 mil votaron por el PRI (el 85.4%); el 10% votó por el PAN y el restante por los otros partidos políticos; el dato “sorprendente” no era ese, pues apenas dos semanas el Congreso del estado (electo), se constituyó en “Colegio Electoral” para calificar las elecciones y anunció el triunfo del candidato priista a la gubernatura, Víctor Manzanilla Schaffer, las 15 diputaciones de mayoría y 104 alcaldías; sólo perdía el municipio de Hocabá con el PPS, ya que las votaciones del municipio de Tetiz se anulaban.

Es más hubo un municipio (Ticul) en el que se registraron tres planillas de tres partidos políticos diferentes y no hubo voto alguno para candidato diferente a la presidencia municipal, ni los propios candidatos o miembros de la planilla o familiares o amigos fueron a votar por ellos.

Ese escenario no era extraordinario en el país de 1988; era parte de la “normalidad” democrática de entonces; seis meses después se realizaron las “paradigmáticas” elecciones federales de 1988 que fueron (hasta entonces) las elecciones más cuestionadas de la historia mexicana.

Ahí el PRI y Carlos Salinas de Gortari, por primera vez se enfrentó a una verdadera competencia, con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en una alianza de facto de lago que se llamó Frente Democrático Nacional y Manuel Clouthier del PAN.

Ese proceso trastocó el sistema electoral nacional; rompió la “normalidad” democrática; pese a que el resultado del “Colegio Electoral” dice 50.36% al PRI; 31.12% a Cuauhtémoc Cárdenas (del Frente Democrático Nacional, constituido entonces por: PPS, PMS, PFCRN, PARM, PVEM, sólo como dato anecdótico) y 17.07 al PAN; oficialmente se reconoció que Cárdenas ganó el DF, estado de México, Morelos, Michoacán y Baja California; extraoficialmente supe que Puebla y Oaxaca también los ganó y que Guerrero y Veracruz el margen de errores no permitía conocer el volumen real de la votación; la sociedad toda, se quedó con la idea de que fue un fraude electoral gigantesco; pese a ello se logró una cámara de diputados plural y cuatro senadores ingresaron a la cámara respectiva por el “Frente Democrático Nacional”

Les platico ahora la caída o callada del sistema de cómputo establecido para el conteo electrónico de esa elección; que como ya he dicho antes, no existió: en realidad se “vendió” a la opinión pública nacional la posibilidad de un seguimiento electrónico (computacional) de los resultados (que a la distancia puedo asegurar que en ese año NO EXISTÍA equipo ni sistemas capaces de realizar esa tarea) el equivalente del PREP de 1988 se cayó para callar una verdad histórica, LA “OPOSICIÓN” GANÓ la Presidencia de la República, pero NO SE LE RECONOCIÓ el triunfo; pero el proceso electoral si estuvo plagado de inequidades y resultó (además del primer ejercicio democrático participativo) en un verdadero fiasco para el Estado mexicano en el mundo, pues aparte de las trapacerías conocidas, se demostraron muchas otras.

México inició entonces el camino de la “modernidad”, ganaron los modernizadores de México y parte de ese camino (que demandaba y demandó la sociedad) son las “instituciones electorales” así para el proceso electoral federal de 1991, tuvimos por primera ocasión un Instituto Federal Electoral, que era un órgano administrativo de la Segob, un Registro Federal de Electores (al frente del que pusieron a un hombrecito inútil) y un Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE); pero también surge entonces el Tribunal Federal Electoral; en realidad todos las “instituciones” fueron parte de un gran entramado que volvió a posesionar al PRI como fuerza mayoritaria absoluta.

Por ello la legislatura entrante (siempre por presión ciudadana) buscó reinventar yendo hacia la “ciudadanización” del IFE (nótese que no hay independencia de ese órgano) surgió entonces lo que nuestros “analistas” y algunas capas poblacionales consideran el mejor instituto electoral nacional, que en lo personal no es más que otro instrumento del régimen para hacer parecer que se avanzaba en democracia; el problema real de la integración de esas instituciones electorales en nuestro país es que de origen están viciadas, son coptadas por los partidos políticos y representan a las cuotas partidistas; incluso hoy el INE adolece de autonomía en materia financiera (es decir no cuenta con recursos para ejercer sus funciones).

Las cuotas partidistas establecieron entonces, en 1997, en 2000 y en todas las “reformas electorales” incluida la de 2014 sus estructuras han sido coptadas, distribuidas por cuotas y lo peor de todo sujetas a voluntades ajenas al interés nacional.

Hoy el INE y TEPJF está compuesto por “consejeros” y “magistrados” que responden a los intereses de los partidos políticos, abyectos personajes que sin el menor respeto por la ley, hacen de sus “instituciones” un teatro; sólo como ejemplo cito el caso del PVEM y sus reiteradas violaciones a la ley electoral vigente, sin que la “autoridad autónoma” asuma una posición al respecto, mucho menos que la retire el registro, como debió haberlo hecho desde hace ya más de tres meses (aplicando la fracción 1, inciso e) del Artículo 94 de la Ley General de partidos Políticos); el TEPJF contraviene su propia legislación al tratar asuntos “en privado” para evitar divisiones públicas.

Por último la FEPADE, un órgano administrativo del poder ejecutivo, se ha limitado a no hacer nada.

Pero de 1988 a la fecha, hemos avanzado; es momento que la “normalidad” democrática vire para dar poder al ciudadano, el poder del voto.

México requiere verdaderas instituciones electorales fuertes que no se rindan ante el poder de los partidos políticos, que no representen a sus cúpulas y que tengan capacidad para imponer la ley.

El interés de este trabajo era mostrar cuanto se ha avanzado, pero también cuanto nos falta por avanzar, la agenda social debe voltear a ver entre otras cosas la conformación verdaderamente autónoma de las instituciones electorales; hoy estamos mejor que en 1988, pero como entonces se veía normal lo que pasaba, que en un municipio en que se habían registrado fórmulas de otros partidos no hubira un solo voto a su favor; ahora muchos mexicanos sabemos que no es normal lo que pasa.

Pero no bastará con eso, sin que haya equidad, castigo y calidad democrática

SALUD

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