Una nueva reforma política ¿ahora hacia a donde?

Dicen los que creen que saben que, en virtud de que hoy, los elaboradores de la norma política responden a los intereses de los partidos políticos que los llevaron ahí, el juego de poder debe considerar y dar respuesta a todos los escenarios posibles para esos instrumentos de poder, es decir, deben considerar la posibilidad de que sean primera o última fuerza electoral y que en la posición opuesta se encuentre cualquiera de las otras fuerzas políticas.

Ya desde hace años se ha hablado de “acotar” los poderes de los gobernantes (de todos) estableciendo pesos y contrapesos (sin embargo resultado de de última reforma electoral del siglo pasado, el poder se concentró en el legislativo y los partidos políticos han mantenido ese escenario como el más aceptable para ellos, pues a través de las representaciones populares y el control de “sus legisladores” obtienen privilegios (o mantienen los obtenidos)

En tal sentido, tres propuestas ancestrales han sido vetadas o relegadas de manera sistemática desde hace años en las modificaciones electorales:

·         Reelección inmediata de legisladores, pues al convertirse en hacedores de su propio destino, los legisladores dejarán de “obedecer” a las cúpulas partidistas y, por lo tanto, las burocracias partidistas perderían su poder de “negociación” institucional.

·         Candidaturas independientes o ciudadanas, ya que la “posible llegada” de ciudadanos les retira a los partidos políticos la capacidad de control de los órganos legislativos y además el control de las decisiones que ahí se tomen.

·         Revocación de mandato o evaluación ciudadana de la gestión gubernamental, que les saca roña de sólo escucharla, pues les retira todo poder sobre las arcas, esas arcas que ellos a través de sus “administradores” se encargan de vaciar para sus fines y no para beneficio de la población.

Tres demandas mínimas que debieran ser incluidas en la nueva reforma electoral federal, pero que seguramente serán acotadas y rehuidas hasta por la “izquierda”.

Después tendríamos que estar al pendiente de los recursos, de los que asisten para las “campañas” es decir del financiamiento público y privado, de la transparencia en su ingreso y gasto, pero especialmente de los dineros que se sirven ellos como hacedores de los presupuestos y de los cuales NO DAN CUENTA a nadie.

Ya desde hace muchos años ha quedado claro (pero especialmente en los procesos electorales de 2000 y 2006) que los financiamientos privados a campañas políticas han generado distorsiones e inequidades en los resultados quizá intencionadamente los partidos políticos han dejado con castigos muy “poco significativos” a violación de esta regla básica de equidad, quizá sea tiempo de limitar el financiamiento público y posibilitar el financiamiento privado con fórmulas claras y reglas precisas que permitan incluso observar el comportamiento de la gestión pública de los elegidos tras haber recibido financiamiento de tal o cual empresa o persona.

Otra vieja discusión, que se ha sostenido entre quienes a eso se dedican es el federalismo contra el centralismo, desde finales de los 90 se optó por dar mayor capacidad de gestión a las entidades federativas (pues el PRI sabía que al perder el poder absoluto sólo les quedaría el poder local y sus erarios para resarcirse) se crearon 31 (o 32) poderes locales con capacidad de manejo propio e independiente, se fortalecieron las arcas locales (estatales y municipales) sin establecer controles de gasto y rendición de cuentas, se les “autorizó” para hacer y deshacer en su territorio, sin contrapesos federales, legislativos o ciudadanos, sin embargo intentar regresar al centralismo a la toma de decisiones desde aquí (como si sólo los “administradores” centrales supieran hacer las cosas) ES CUANDO MENOS UN DESPROIPÓSITO, es sin lugar a dudas un retroceso, ya sabemos que la capacidad de gestión y resolución de problemas es mayor entre más cerca se tomen las decisiones.

Sin lugar a dudas el federalismo debe ser capaz de dar capacidad de ejercicio pleno de la autonomía estatal y de la libertad de los municipios, a partir de controles y rendición de cuentas claras, oportunas y sobre todo con la capacidad de remover de manera pronta a los “administradores” que no estén funcionando.

Los “avances” hacia un régimen federal semiparlamentario o hacia la conformación de gabinetes plurales, sólo sirven para dos cosas, para nada y para lo mismo, los acuerdos ejecutivos que lleven a la integración acotada de gabinetes, sólo le dan poder a los partidos políticos y vulneran el erario, pues cada titular se siente en deuda con el partido que lo llevó a esa posición y debe responder a los intereses de ese partido para continuar mamando del presupuesto.

Hace unos días critiqué la corta visión del PND al haber descubierto y escrito “Los factores geográficos son relevantes para el desarrollo de una nación, ya que se pueden traducir en una barrera para la difusión de la productividad, así como para el flujo de bienes y servicios entre regiones. Las comunidades aisladas geográficamente en México son también aquellas con un mayor índice de marginación y pobreza” pues en la capacidad de gobierno de las autoridades locales es de justicia social hacer más por quienes se encuentran en situación desventajosa por cuestiones geográficas y rezagos históricos ancestrales, es decir lograr que el federalismo sea capaz de satisfacer de manera prioritaria los requerimientos presupuestales de esas comunidades e ir reduciendo las prorratas en función de los niveles de bienestar alcanzado por los comunidades más favorecidas, el desarrollo político de los gobiernos locales, está en función de la capacidad de satisfacer las necesidades locales y preservar la pluralidad de este país a partir de la circunstancia local deberá ser prioritario en esa reforma política, de lo contrario estaremos sentenciando a nuestro México marginal a la muerte o a la sublevación.

SALUD.