Hacia la década de los 70 y quizá durante toda la “administración”
federal de López Portillo, como lo dice Anabel Hernández en “Los Señores del
Narco” el narco “financió” muchas de las actividades gubernamentales, “pagaba”
una cuota por operar y operaba sin contratiempo sin embargo desde principios de
esa década los “administradores” se metieron al negocio y se descompuso el “equilibrio”
entre las fuerzas de mercado (como dicen los neoliberales)
Ayer revisaba datos del nivel de violencia de mediados de los
ochenta en el país, datos que hayan “impactado” por su crudeza a la
sociedad mexicana y me encontré el caso de un comandante de una policía estatal
masacrado o en de una familia acribillada (el primero en Jalisco y el segundo
en Sinaloa), hoy esas notas son cotidianas y en ocasiones hasta irrelevantes
para la mayoría de la población.
El “hecho relevante” fue en 1984 en que
se “intervino”
el rancho El Búfalo en el estado de Chihuahua y se “descubrió” que un señor
de nombre Rafael Caro Quintero,
sembraba ahí marihuana como si fuera forraje para ganado, de hecho en la nota
que revisé se habla de manera “alarmante” de que en El Búfalo se “descubrió”
una cantidad de marihuana que garantizaba el consumo norteamericano (de todos
los estadounidenses) hasta por varios meses.
SALUD
Al iniciar el año 1985 y como consecuencia de esa “incautación”
es secuestrado y asesinado Enrique
Camarena Salazar (aunque en realidad se sabe que era parte de un comando “infiltrado”
en el cartel de Sinaloa) ese evento conmocionó de manera mediática a México, su violencia (o la repetición hasta el cansancio del evento en las televisoras) y
la “relevancia”
del muerto, fueron un momento de trastoque en los niveles de violencia nacional.
Ese es quizá el acontecimiento que muestra con crudeza el
intento del Estado mexicano por trastocar a las organizaciones criminales
nacionales, por tomar el poder del narcotráfico y pasar de actores pasivos a
actores activos en esa actividad.
Sin embargo, en el ámbito político económico existieron dos
hechos que pusieron en entredicho la estabilidad y legitimidad del sistema,
primero el descontento social que terminó con la masacre perpetrada por el Ejército
el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco y después el fuerte impacto económico de
la crisis de 1982 en las familias mexicanas.
Esa crisis del estado mexicano, de sus instituciones, de sus
personajes y de sus “métodos” cambiaron además de la percepción directa de los
políticos, en el imaginario nacional (especialmente entre clases medias
estudiadas o con estatus social) se observaba un gobierno corrupto, incapaz de
hacer cualquier cosa, pues estaba infiltrado era parte del problema, de hecho
en los medios (aun en los oficialistas) era común encontrar historias de
policías rateros, corruptos, secuestradores.
Se “tenía la percepción” de un estado federal involucrado con
actividades ilícitas y (por lo tanto) inactivo.
El sismo de 85 fue el primer detonante de organización
social independiente (especialmente en la ciudad de México) miles de personas
voluntariamente, sin necesidad de convocatoria alguna, sin liderazgos y
especialmente sin ataduras políticas, salieron a las calles a ayudar con sus
manos, con su alimento, con sus cobijas a los damnificados.
Esa “erosión social” se manifiesta en las urnas en 1988
cuando las grandes plazas son perdidas por el hasta el entonces partido único o
el partidazo, sin embargo (de manera oficial) no le alcanzó para echarlos de
las arcas nacionales y el rumbo económico del país toma nuevos derroteros, se
reducen drásticamente el gasto público y los subsidios, una política salarial
restrictiva y sobre todo, se impone un régimen liberal que privatiza todo lo
que encuentra y permite el ingreso de todo tipo de mercancías a México.
Ahí inicia la “modernización” de nuestro país, todas (o casi
todas) las “reformas” que entonces denominaron ESTRUCTURALES tuvieron efectos
negativos en el plano social, así para finales de la administración salinista
se vino otra macro devaluación con efectos aun mayores en la sociedad y para
finales de la década la pobreza alcanzaba a más del 40 por ciento de la
población.
Con instituciones cuestionadas, con una estructura social
muy mal atendida los carteles de la droga durante la década de los 90 se
ocuparon de atender el campo, a los jóvenes y a las empresas de todo el
territorio nacional, sus raíces se fortalecieron y desplazaron todo tipo de
autoridad, además un impacto mediático demoledor que mostraba los vínculos de
la “autoridad” con todo tipo de acciones criminales y graves conflictos
socio-económicos nacionales, el Estado pierde capacidad para “negociar” con las
organizaciones criminales, de hecho la “negociación” se da entre ellas, para
dividir territorios y actividades.
Entre 1994 y 2000 el Estado estaba más interesado en evitar
una generalización del descontento social que en atender el problema de las
drogas, los gobiernos (el federal y los locales) se enfocaron a atender el
deteriorado nivel de vida y aspectos de índole económico y descuidaron a los
carteles.
El sistema corporativo y clientelar creado y mantenido por
los regímenes priistas comienza a desvanecerse tanto en el ámbito formal como
en el de la ilegalidad donde regulaba el mercado de drogas. Como consecuencia de la combinación de todas
estas variables y de otras más, se produce un importante incremento de la
violencia política.
El Régimen reactivo se consolida durante la administración
foxista, en que para evitar cualquier daño político, se deja a las
organizaciones criminales actuar de manera libre y dada la floreciente
actividad delictiva, los enfrentamientos entre ellos empiezan a ser cada vez
más frecuentes y violentos.
Ya para cuando caldeRon
asume el gobierno e inicia su guerra la descomposición ha alcanzado a todos los
niveles de gobierno, en algunos lugares ellos eran gobierno, ellos dirigían y
administraban, ellos controlaban y decidían.
El intento de replegarlos a partir de la presencia militar sólo
incentivó a los criminales a hacer frente al estado y a todos los que fueran o
parecieran sus aliados.
En la guerra cayeron por igual delincuentes que no
delincuentes, el nivel de violencia se incrementó sin paralelo y el Estado mexicano
en esa lucha gastó recursos que pudieron haber sido utilizados para cosas
verdaderamente importantes.
La narcoviolencia o violencia causada por las actividades
criminales en México es hoy imparable, no hay rincón del país en la que no se
observe como algo cotidiano, su impacto económico y social ha escalado a
niveles que en los años 80 no nos podíamos imaginar y parece que no mejorará,
pues el empeño por enfrentar a un monstruo con atrocidades iguales, sólo genera
mayores niveles de violencia.
Además de que genera un gasto social innecesario, causa un
impacto mediático que desgasta instituciones, produce repudio generalizado en
amplios sectores poblacionales y no lleva a soluciones reales del verdadero
problema.
Los criminales hoy gastan millones en defender “su negocio”
hay millones de mexicanos que viven de esas actividades (según reconoce la
propia autoridad un 50 por ciento) y una parte importante de la actividad económica
formal está infiltrada.
La narcoviolencia se ataca con inteligencia (cosa que el Estado mexicano y sus "instituciones" desconocen), pero muy
especialmente aplicando la ley.
Solo de escuchar al señor Peña, empeñado en atacar la demagogia (escupiendo al cielo) y el autoritarismo (modiéndose la lengua), pues ya no tiene argumentos contra los populistas;
Solo de escuchar al señor Peña, empeñado en atacar la demagogia (escupiendo al cielo) y el autoritarismo (modiéndose la lengua), pues ya no tiene argumentos contra los populistas;
SALUD
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