No pretendo dar razones jurídicas pues en esencia el precepto constitucional correspondiente es claro y cualquier resolución que se apegue a ella, debía declarar invalido el proceso, sin embargo, expongo tres razones que serían suficientes para no continuar con la discusión estéril:
a) Evitar mayor envilecimiento de la política, la depauperación de las condiciones de vida nacionales y el regreso del Estado autoritario.
El ingreso de recursos ilegales a la campaña del “candidato que logró mayor votación” significa que “alguien” por encima de él y de las instituciones apostó a lograr ese resultado, es decir puso dinero para lograr después recuperarlo con sus respectivos dividendos, en resumidas cuentas quien así se comportó (quien sea) espera “recuperar” esa inversión con sus respectivos frutos, es decir con creces.
Aun suponiendo que los recursos inyectados a la campaña política de Enrique Peña Nieto fuesen legales, producto de actividades económicas absolutamente lícitas, presumiría que esperan un beneficio por ese financiamiento, es decir, que recibirán su “inversión” y los dividendos correspondientes a partir de prebendas de las instituciones, a partir de acuerdos para lograr los dividendos esperados, a costa del erario o de condiciones extraordinarias que le permitan ventajas extraordinarias.
Pero debemos “sospechar” que, en tanto que los “inversionistas” usaron mecanismos tan poco convencionales para el financiamiento de la campaña, no son personas dedicadas a actividades legales, es más, debemos considerar incluso la posibilidad de que esas personas se dediquen a actividades económicas ilícitas.
El Estado Mexicano debe ponerse a salvo de contubernios entre gobierno y criminales, pues aceptar “acuerdos” de cualquier tipo implica la degradación de la vida institucional, implica envilecer y humillar al pueblo.
El contubernio entre autoridad y delincuencia (asumiendo esta como toda actividad ilícita o ilegal) es causante de una sangría que deteriora de manera sistemática el erario y las condiciones generales de vida de la población mexicana, de hecho cálculos conservadores estiman entre tres y cinco puntos del PIB que discurren a la corrupción, que viajan por socavones en detrimento de la sociedad, permitir que esos personajes que financiaron la campaña de Peña Nieto “recuperen” su inversión y los dividendos que de ella esperan, es aceptar que los poderes fácticos (en su más amplia y conocida acepción) absorban parte de la renta nacional en menoscabo de la sociedad.
Pensar siquiera la posibilidad de los viejos “enjuagues” en que la autoridad se hace de la vista gorda mientras los criminales asumen el control es ya, por lo menos, ingenuo.
Estas dos situaciones, llevan de manera irremediable a un estado autoritario, a un gobierno represor y opresor, ya hoy, antes de que se tenga la declaratoria de validez del proceso electoral, los “brazos represores” fueron en contra incluso de uno de sus afines, ya se mueven las garras para evitar ser cuestionados respecto de actos y actitudes.
b) Intentar recuperar la institución presidencial, ya hoy tan maltrecha.
Hace seis años, tras la declaración de validez decretada por ese órgano colegiado, una parte de la sociedad no quedó conforme, hubo y sigue habiendo un sector de la sociedad que consideramos ilegal el proceso y, por lo tanto no reconocemos su envestidura.
Repetir la historia, implica que Peña Nieto se presente ante foros nacionales (e incluso internacionales) bajo condiciones de zozobra, que incluso en algunos de esos actos, le espeten o cuestionen respecto de su legitimidad.
Promover ese grado de crispación en la sociedad mexicana sólo llevaría a seis años más de inestabilidad política, social e incluso económica.
La parálisis de los procesos legislativos, la incapacidad de los órganos administrativos federales para lograr acuerdos con administraciones estatales e incluso entre ellos, es sólo parte de las consecuencias de esa decisión que hace seis años tomaron ustedes.
Es parte de de aquel “resolutivo” en que aceptan la ilegalidad del proceso pero después señalan que sólo fue “poquita” esa ilegalidad y que por ello no alcanza para anular el proceso en su conjunto, ese resolutivo que aun retumba en un fragmento de la sociedad mexicana generó distorsiones y propició enfrentamientos entre grupos diversos de la sociedad, ahora a seis años pese a estar reprimida, la violencia social producto de aquella decisión se manifiesta incluso en actos cotidianos que en apariencia no significarían causal de enojo o malestar.
Aun hoy Felipe Calderón asiste bajo extremas medidas de seguridad a muy diversos eventos, hemos pasado seis años y las heridas continúan abiertas, los agravios no han sido olvidados, una parte de la población ve en ese acto de autoridad, en un acto jurídico, una gran injusticia, es decir, la justicia es todo menos justa.
Ante lo descrito, ante la imposibilidad de garantizar una institución presidencial sólida, reconocida, que garantice a todos legalidad y honestidad, se requiere una figura aglutinadora que no se encuentra en “el candidato que obtuvo mayor votación”
c) Garantizar la paz social y estabilidad social nacional.
Es por demás decirlo, pero los escenarios anteriores, es decir, un estado abyecto, con niveles de corrupción cada vez más observables, con una sociedad beligerante y exigente, sólo puede llevar a niveles crecientes de exasperación social, que necesariamente llevarían a situaciones de represión por parte de un estado autoritario.
Sin pretender ser clarividente o predicador de escenarios obscuros para México, la espiral de corrupción-violencia-represión sólo auguran un camino, una posibilidad y es un estallido social.
Ver apuntes para no olvidar
a) Evitar mayor envilecimiento de la política, la depauperación de las condiciones de vida nacionales y el regreso del Estado autoritario.
El ingreso de recursos ilegales a la campaña del “candidato que logró mayor votación” significa que “alguien” por encima de él y de las instituciones apostó a lograr ese resultado, es decir puso dinero para lograr después recuperarlo con sus respectivos dividendos, en resumidas cuentas quien así se comportó (quien sea) espera “recuperar” esa inversión con sus respectivos frutos, es decir con creces.
Aun suponiendo que los recursos inyectados a la campaña política de Enrique Peña Nieto fuesen legales, producto de actividades económicas absolutamente lícitas, presumiría que esperan un beneficio por ese financiamiento, es decir, que recibirán su “inversión” y los dividendos correspondientes a partir de prebendas de las instituciones, a partir de acuerdos para lograr los dividendos esperados, a costa del erario o de condiciones extraordinarias que le permitan ventajas extraordinarias.
Pero debemos “sospechar” que, en tanto que los “inversionistas” usaron mecanismos tan poco convencionales para el financiamiento de la campaña, no son personas dedicadas a actividades legales, es más, debemos considerar incluso la posibilidad de que esas personas se dediquen a actividades económicas ilícitas.
El Estado Mexicano debe ponerse a salvo de contubernios entre gobierno y criminales, pues aceptar “acuerdos” de cualquier tipo implica la degradación de la vida institucional, implica envilecer y humillar al pueblo.
El contubernio entre autoridad y delincuencia (asumiendo esta como toda actividad ilícita o ilegal) es causante de una sangría que deteriora de manera sistemática el erario y las condiciones generales de vida de la población mexicana, de hecho cálculos conservadores estiman entre tres y cinco puntos del PIB que discurren a la corrupción, que viajan por socavones en detrimento de la sociedad, permitir que esos personajes que financiaron la campaña de Peña Nieto “recuperen” su inversión y los dividendos que de ella esperan, es aceptar que los poderes fácticos (en su más amplia y conocida acepción) absorban parte de la renta nacional en menoscabo de la sociedad.
Pensar siquiera la posibilidad de los viejos “enjuagues” en que la autoridad se hace de la vista gorda mientras los criminales asumen el control es ya, por lo menos, ingenuo.
Estas dos situaciones, llevan de manera irremediable a un estado autoritario, a un gobierno represor y opresor, ya hoy, antes de que se tenga la declaratoria de validez del proceso electoral, los “brazos represores” fueron en contra incluso de uno de sus afines, ya se mueven las garras para evitar ser cuestionados respecto de actos y actitudes.
b) Intentar recuperar la institución presidencial, ya hoy tan maltrecha.
Hace seis años, tras la declaración de validez decretada por ese órgano colegiado, una parte de la sociedad no quedó conforme, hubo y sigue habiendo un sector de la sociedad que consideramos ilegal el proceso y, por lo tanto no reconocemos su envestidura.
Repetir la historia, implica que Peña Nieto se presente ante foros nacionales (e incluso internacionales) bajo condiciones de zozobra, que incluso en algunos de esos actos, le espeten o cuestionen respecto de su legitimidad.
Promover ese grado de crispación en la sociedad mexicana sólo llevaría a seis años más de inestabilidad política, social e incluso económica.
La parálisis de los procesos legislativos, la incapacidad de los órganos administrativos federales para lograr acuerdos con administraciones estatales e incluso entre ellos, es sólo parte de las consecuencias de esa decisión que hace seis años tomaron ustedes.
Es parte de de aquel “resolutivo” en que aceptan la ilegalidad del proceso pero después señalan que sólo fue “poquita” esa ilegalidad y que por ello no alcanza para anular el proceso en su conjunto, ese resolutivo que aun retumba en un fragmento de la sociedad mexicana generó distorsiones y propició enfrentamientos entre grupos diversos de la sociedad, ahora a seis años pese a estar reprimida, la violencia social producto de aquella decisión se manifiesta incluso en actos cotidianos que en apariencia no significarían causal de enojo o malestar.
Aun hoy Felipe Calderón asiste bajo extremas medidas de seguridad a muy diversos eventos, hemos pasado seis años y las heridas continúan abiertas, los agravios no han sido olvidados, una parte de la población ve en ese acto de autoridad, en un acto jurídico, una gran injusticia, es decir, la justicia es todo menos justa.
Ante lo descrito, ante la imposibilidad de garantizar una institución presidencial sólida, reconocida, que garantice a todos legalidad y honestidad, se requiere una figura aglutinadora que no se encuentra en “el candidato que obtuvo mayor votación”
c) Garantizar la paz social y estabilidad social nacional.
Es por demás decirlo, pero los escenarios anteriores, es decir, un estado abyecto, con niveles de corrupción cada vez más observables, con una sociedad beligerante y exigente, sólo puede llevar a niveles crecientes de exasperación social, que necesariamente llevarían a situaciones de represión por parte de un estado autoritario.
Sin pretender ser clarividente o predicador de escenarios obscuros para México, la espiral de corrupción-violencia-represión sólo auguran un camino, una posibilidad y es un estallido social.
Ver apuntes para no olvidar
Hola. Creo que es mejor que nos centremos en las razones legales para invalidar la elección porque quien está facultado para hacerlo solo puede tomar esos argumentos en cuenta. Verás, como todos sabemos, los ciudadanos podemos hacer todo lo que la ley no prohíba explícitamente en tanto que el Estado no puede hacer aquello que no le sea conferido explícitamente. Así, el TEPJF solo puede considerar argumentos legales. De cualquier forma, el IFE pudo hacer tolerado el ambiente de hostilidad pero en ninguna manera fueron ellos quienes crearon la polarización. Invalidar un proceso sólo para no tener molesto a un grupo de la población es ceder a un capricho y eso puede sentar el precedente para anular cualquier otra elección. Creo que sería contraproducente a la larga.
ResponderBorrarAhora bien, creo que es necesario que analices tu forma de pensar (no en si quieres que gane X o Y) porque lamento decirte, tus conclusiones son un poco falaces. Veamos; supones que el financiamiento es ilícito siempre y ambos sabemos que eso no es cierto. Si hubieras argumentado los topes de campaña (que todos sabemos que se rebasó y por mucho) sería más válido. No creo que conjeturas y especulaciones sean suficientes para invalidar un proceso.
Si me preguntan, creo también que Enrique Peña Nieto jugó algo chueco ¿bastante? Sí, bastante chueco pero para hacer justicia es necesario que se haga con lógica, con inteligencia y con argumentos, no con supuestos. Que tengas buen día.