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Las entrañas del caso Nestora Salgado



Empecemos por recordar que hacia mediados de la década anterior, los grupos delictivos de México sufrieron una recomposición en la que el cartel de Sinaloa (encabezado entonces por IsmaelEl MayoZambada, JoaquínEl ChapoGuzmán y Juan JoséEl AzulEsparragoza, resultaron fortalecidos (beneficiados dicen otros) tras acciones encaminadas a la desarticulación de grupos (células) de los carteles del Golfo, del Milenio, de La Familia y de los Beltrán Leyva, estos últimos incursionaron (hacia 2004) en la zona de La Montaña en Guerrero (la parte más indómita de la mixteca ahí donde el estado de Guerrero hace colindancia con Puebla y Oaxaca.

Ahí en esa zona de La Montaña, se ubican municipios con los niveles más altos de marginación como: Copanatoyac, Malinaltepec, Metlatónoc y Xalpatláhuac; una de las regiones con los más altos índices de analfabetismo del país; una de las zonas con mayores rezagos en infraestructura (impraestructure dijo el señor Peña Nieto en aquellos entonces) y una de las regiones del país en la que había surgido desde mediados de los 90 la figura de Policía Comunitaria.

Es casualmente hacia mediados de esa década cuando los grupos del crimen organizado se posesionan de esas zonas del país y el surgimiento de las Policías Comunitarias; consecuencia o resultado; contubernio o connivencia; causa y efecto; como quiera verse, un fenómeno trajo el otro.

Ahí en esa zona también se encuentra Olinalá; la Policía Comunitaria de Olinalá surge en 1996 como respuesta a “la multiplicación de asaltos, robos, secuestros, violaciones sexuales, abigeato y actividades vinculadas al narcotráfico en la Región Costa-Montaña de Guerrero” y en 2006 Gelasio Barrera, era comandante regional de esa fuerza civil organizada, reconocida y financiada por la autoridad estatal desde y a través de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-Policía Comunitaria) pero fue hasta abril de 2011 que el sistema de justicia y la Ley estatal 701, que hubo reconocimiento pleno a esa organización comunitaria.

Entonces Nestora Salgado, que había salido de su comunidad hacia finales de la década de los 80 del siglo pasado, hacia Estados Unidos, en donde se casó y tuvo una familia; tras su regreso a México sufrió un accidente en Oaxaca y fue pensionada por el gobierno estadounidense pues era ciudadana norteamericana.

Después de ello, decidió establecerse en su pueblo natal y organizó a la comunidad para reclamar sus derechos, el 27 de octubre de 2012 Olinalá se levantó contra el gobierno estatal, solicitando servicios básicos e los carecía no sólo la cabecera municipal sino muchas comunidades y mayores niveles de seguridad.

El gobierno local, en el más puro estilo de apropiación de los movimientos locales, propusieron a los “inconformes” la creación del cuerpo civil local que con recursos estatales, con el apoyo de Ángel Aguirre Rivero (entonces gobernador) que de manera velada por medio de Luisa Ayala Mondragón, exregidora de Olinalá y “muy amiga” de Sofío Ramírez Hernández, senador de la república, financiaron a “la Comandanta” o “la Texana” como se le conoce localmente a Nestora.

El “gobierno” esperaba obtener información de los grupos criminales que operaban en la zona y con ella poder extorsionarlos, sin embargo, Nestora Salgado optó por organizar grupos de “informadores” y aprovechar esa información para gestionar un verdadero movimiento de defensa popular local, afectando por un lado los intereses de los grupos criminales y por otro el de los cacique locales como José y Noé Abarca (este último regidor de Olinalá entonces) y de Juan Rendón Mancilla, el movimiento trascendió a los municipios cercanos de Huamuxtitlán, Xochihuehuetlán y Cualac; generando preocupación y la creación de un Consejo de Orden y Vigilancia por un Olinalá Seguro (apoyado por los grupos “institucionales” locales y también por alguna parte de la estructura gubernamental del estado) y presidido precisamente por Juan Rendón Mancilla.

El caso que nos ocupa, inició el 9 de junio de 2013 cuando Maritza Meza y Susana Baltazar, se acercaron a Nestora para denunciar la desaparición de sus hijas (Yesenia Castillo Meza y Betzabé Rubí Baltazar Sosa) unos días después, la policía comunitaria de Huamuxtitlán, detuvo a seis jóvenes, entre los que se encontraban las “desaparecidas” y fueron puestos a disposición de la Comandancia de la Policía Comunitaria de Olinalá.

En el procedimiento de esos cuerpos comunitarios se detuvo a los seis y se les fincaron cargos a todos; desde el mero consumo de drogas hasta el de intento de homicidio que se le fincó a Pedro Gil Apreza Salmerón, pues en la detención sacó un arma de fuego y amagó a las fuerzas comunitarias; y el de tráfico de personas Ramiro Santiago Martínez (que entonces contaba con 24 años de edad y había sido el responsable de “convencer” a las dos jóvenes de salirse de su casa, en un franco intento por prostituirlas), además entre los “encontrados” estaban Dulce Rubí Burgos Pérez y Sofía Navarrete Baltazar.

Las acusaciones se sostuvieron, pero el señor Víctor Apreza Salgado (que había sido Presidente municipal de Olinalá durante 2002-05) tío del acusado de trata de personas “gestionó” ante as familias de los detenidos por Nestora Salgado el acusarla de secuestro por la retención de los jóvenes antes de la puesta a disposición ante la autoridad ministerial local.

La “denuncia” fue interpuesta en Chilpancingo a finales del mes de julio y en un verdadero caso de “eficiencia” del los sistemas de administración y procuración de justicia en menos de un mes, el 22 de agosto de 2013 elementos del Ejército, la Marina y policías estatales, realizaron la detención e inmediato traslado de la mujer a Nayarit.

Desde marzo de 2014 José Luis Arroyo Alcántara magistrado del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, desechó la acusación de secuestro y delincuencia organizada; bajo elm argumento de que Nestora Salgado había actuado conforme a las facultades que le confería su cargo como Comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá.

Es más fue más allá al señalar que “había quedado atrapada, entre dos sistemas de justicia, el constitucional y el de usos y costumbres

El 17 de enero otro magistrado ordenó “su inmediata liberación” al encontrase NO culpable, pero la PGR se inconformó y buscó una nueva orden de aprehensión bajo el cargo de delincuencia organizada, que fue negada tanto por el Juzgado Octavo de Distrito de Guerrero y luego el Segundo Tribunal Unitario de Acapulco.

Hoy Nestora sigue en un Centro de Readaptación Social de Alta Seguridad, tras más de 20 días de huelga de hambre, una ciudadana norteamericana con una salud muy deteriorada y sin cargo alguno.

Pero más allá de ello, de las fobias y filias, una mujer acusada (sin prueba) de un delito mayor por su activismo a favor de una comunidad sometida por el crimen organizado e institucional desde siempre.

En esas comunidades, no sólo hay rezago educativo y social; ahí  no sóo hace falta abasto; ahí un grupito de caciques y criminales deciden por todos; ahí además la justicia se amolda a las necesidades y tiempos de ellos.

SALUD

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