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Solícitas autoridades

Muy obsequiosamente desde el mismo viernes 6 de febrero, en que se dio a conocer el “hallazgo” de 60 cadáveres en las instalaciones de un crematorio abandonado, la autoridad ministerial del estado de Guerrero salió a señalar “no encontramos evidencia de crimen organizado en el hecho” sin mayor averiguación aseguraron “es más bien un tipo de fraude o de incumplimiento del servicio” y por su puesto los muy antentos (así) “periodistas” empezando por el “distinguidísimo” y muy abyecto Joaquín López, difundió como un hecho esa conclusión.

Así, sumisas y muy serviciales “autoridad” y “comunicadores” dan carpetazo al asunto, sin siquiera molestarse en veriguar (así), sin molestarse en conocer si los cuerpos “encontrados” fueron de “clientes” de la funeraria, sin saber si los deudos recibieron cenizas humanas o no; sin establecer qué tipo de “responsabilidad” hay en la autoridad normativa local respecto de la cremación; sin haber entrevistado al dueño, a los responsables o a empleado alguno del crematorio.

Sólo como hipótesis de trabajo para esa dócil y mansa autoridad ministerial local la posibilidad de que el crimen organizado dejase ahí cadáveres para desaparecerlos, que los dueños de crematorio los cremaran y entregaran a los deudos, es decir un intercambio de cadáveres, un proceso de limpieza, pero que importa, ya hay conclusiones y “no intervino el crimen organizado”

Hace unos días se hace pública a través de un micrositio en internet del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus inglés, como parte de una gran investigación periodística, la información de que algunas áreas del HSBC, habrían ayudado a “clientes distinguidos” a trasladar recursos a cuentas de una división del mismo banco en Ginebra.

La investigación concluye que gran parte de esos recursos “NO FUERON REPORTADOS A LA AUTORIDAD FISCAL LOCAL”, pero además señala que una “parte de los mismos son producto de actividades ilegales y pueden ser parte del lavado de recursos del crimen organizado regional”, en la lista se sabe hay unos mil mexicanos y se “filtraron” los nombres de Carlos Hank Rhon, dueño del Grupo Financiero Interacciones e hijo del político priista Carlos Hank González y Jaime Camil Garza, “empresario” relacionado con casos de corrupción en la refinería de Cadereyta de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2013; también se mencionan nombres como Luis Téllez Kuenzler; Guillermo Prieto Treviño; Alfredo Elías Ayub; Eugenio Ebrard y Moisés Elmann Arazi.

Sin embargo ya nuestros muy dócil y “disciplinada” autoridad hacendaria ya salió a señalar “las personas de esa lista no necesariamente son evasores”, según Óscar Molina, jefe de la división de grandes contribuyentes de SAT “es más puede ser que lo estén declarando, que estén pagando impuesto sobre la renta’’ ya pues el abyecto funcionario público y una parte del séquito informativo de las cadenas radiodifusoras y televisivas, aseguran que no hay delito que perseguir.


Quizá habría que revisar que la institución bancaria en su actuar configura alguna conducta ilícita, si los recursos de esas personas, depositados en Ginebra corresponden a sus ingresos y si sobre esos ingresos realizaron la declaración hacendaria correspondiente.

Así, nuestra “autoridad”, lejos de asumir una posición objetiva o de indagación, antes que nada, se encarga de lavar la cara de los posibles delincuentes comunes y de cuello blanco, hace la labor de “esclarecimiento” sin necesidad de investigar.

Por cierto, el implícito reconocimiento por parte de la PGR de la carencia de protocolos para recolección, protección, resguardo y análisis de la evidencia en un caso tan importante como Ayotzinapa, sólo es muestra de la incapacidad de esa autoridad para hacer SU trabajo.

SALUD

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