Se dice que “los pueblos” están dispuestos a perder parte de
las libertades individuales a fin de ganar estabilidad social y “prosperidad
colectiva” de hecho hay investigaciones de opinión que muestran una creciente resignación
social ante la presencia represiva del Estado, para mantener la “paz social”
Se asume que la pobreza (medida en razón de carencia de
bienes) es resultado de ausencia de políticas regulatorias suficientes y de
estados débiles, omisos o carentes de voluntad para aplicar la ley y se presume
en consecuencia la necesidad de que una mayor participación estatal puede reconstruir
el capital social de territorios afectados por la pobreza, la exclusión, la desigualdad
y la violencia.
Pero ello lleva necesariamente a la necesidad de control social
(como lo denominan los clásicos) es decir a la infiltración de los grupos sociales,
de las organizaciones, de las comunidades, en fin, al Estado omnipresente.
En México, tras el surgimiento del EZLN y como parte de los
procesos y “estrategias” de contención social el entonces Secretario de
Gobernación (el señorcito Chuayffet) “recomendó” el fortalecimiento de
organizaciones sociales alternativas (es decir contrarias al movimiento zapatista)
y pues las cosas acabaron mal con la matanza de Acteal.
En el estado de Hidalgo (la cuarta entidad federativa con
peores indicadores de pobreza), desde entonces se ha aplicado de manera
sistemática el uso de los programas de Desarrollo Social con claros tintes de
contención social (favoreciendo a grupos afines a la política gubernamental)
Es decir desde Murillo
Karam la política social del estado se guía por afinidades y “beneficia”
más a aquellas comunidades que se aplican en cuestiones políticas, de hecho hay
comunidades en la Huasteca hidalguense bajo mandos alternos, eso que ahora
está tan de moda y tanto critican los vovoseros (así) mediáticos (televisa y
TVazteca) de grupos paramilitares o grupos de autodefensa o policías
comunitarias, en Hidalgo son parte del cotidiano (aunque no están en
carreteras, sino en caminos vecinales).
Ante la crisis social y de seguridad actual, con la ausencia
de mecanismos de control social ese esquema parece reproducirse y ante la
ausencia de autoridad surge una pregunta ¿el sistema está preparado para evitar
el estallido social? y la respuesta inmediata es NO, no lo está.
Desde hace años, amplias franjas del territorio se
encuentran bajo el
dominio del crimen organizado, los grupos de facto han infiltrado además
las instituciones (un estudio reciente muestra que 6 de cada 10 cuerpos
policiacos municipales están podridos, que incluso algunas de esas estructuras están
al servicio de bandas criminales.
En contraste, ayer el partidazo de estado (o lo que queda de
él) se reúne en su Asamblea Nacional como en los viejos tiempos, con matracas,
música de banda y cohetones, para
conmemorar un aniversario más y regresar a las prácticas tradicionales.
Veo
con preocupación (y creo no ser el único) señales
inequívocas de regresión hacia estadíos de control social preocupantes, hacía
etapas de corporativismo que habíamos creído superadas, el uso de recursos
públicos para generar grupos de contención social puede convertirse en un
atractivo mecanismo político para hacer aparecer al estado como garante social
y aunque se pierdan libertades, se gana en seguridad.
Cuidar esos espacios de impunidad en el manejo de recursos
públicos, que los administradores públicos han usado tan a su manera como patrimonio
personal y para garantizar su permanencia es nuestra responsabilidad, permitir
el regreso de etapas superadas sólo llevará a mayores niveles de represión.
SALUD.
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