En el debate público mexicano, especialmente desde ciertos sectores de la derecha, se repite una idea aparentemente evidente: México tiene una economía informal cercana al 60 %, mientras que Estados Unidos es una economía esencialmente formal. De esa comparación se desprende una conclusión moral y política:
México estaría atrapado en la informalidad por atraso institucional.
Estados Unidos habría resuelto el problema gracias a un mercado moderno y disciplinado.
El problema es que esa comparación no es incorrecta por ideológica, sino por conceptualmente falsa.
En México, la informalidad no es solo una categoría económica: es una categoría institucional. Un trabajador es informal no únicamente si evade impuestos, sino si no está afiliado a la seguridad social, si no cotiza para una pensión, si no tiene acceso garantizado a servicios de salud o si su relación laboral no está plenamente reconocida por el Estado. Así, millones de personas que pagan impuestos indirectos todos los días —IVA, IEPS, derechos y contribuciones diversas— son clasificadas como informales porque no forman parte del sistema de protección social.
En Estados Unidos, esa definición simplemente no existe. No hay un sistema universal de seguridad social al cual “pertenecer” para ser considerado trabajador formal. Millones de gringos (migrantes y negros) trabajan por horas, por contrato, por proyecto, como independent, contractors, freelancers o en plataformas digitales, sin pensión garantizada, sin salud pública universal y sin estabilidad laboral. Sin embargo, no se les denomina informales: se les describe como trabajadores flexibles o autónomos. El fenómeno social es comparable; el lenguaje institucional, no.
Por eso, cuando se afirma que en Estados Unidos “todo es formal”, lo que en realidad se está diciendo es que el Estado estadounidense no mide la informalidad como México la mide, porque tampoco exige lo mismo. La informalidad no desaparece: se normaliza. En lugar de integrarse mediante derechos sociales, se asume como una condición ordinaria del mercado laboral.
La paradoja es reveladora: en México, el informal sí paga impuestos, pero sigue siendo informal; en Estados Unidos, el informal puede no pagar impuestos y aun así no ser clasificado como informal.
La diferencia no es cultural ni moral, sino institucional. Comparar ambos países sin aclarar este punto no es análisis económico, sino retórica política.
En suma, México no tiene una informalidad excepcionalmente alta; tiene un Estado que define la formalidad a partir de la integración social. Estados Unidos no tiene menos informalidad; tiene menos obligaciones sociales asociadas al empleo. Confundir ambas realidades conduce a diagnósticos equivocados y a un discurso que responsabiliza a los trabajadores por una falla que es, en esencia, estructural.
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